VITORIA / MADRID. El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, destacó la necesidad de la Iglesia por «dar pasos adelante en la formación y educación de una conciencia recta y veraz», de modo que «no debe quedar ninguna duda en ninguno de nuestros fieles y en la conciencia de cualquier persona mínimamente formada de que el terrorismo de ETA, como cualquier otro terrorismo, es una gravísima inmoralidad, intrinsecamente perverso y absolutamente reprobable». Rouco hizo estas declaraciones durante la apertura de los trabajos de la Asamblea Plenaria,

En su opinión, «solamente estaremos en condiciones de eliminar las raíces del terrorismo si nos proponemos sin tardanzas y vacilaciones la regeneración moral y la atención a los niños y jóvenes con una educación cristiana». «En España existe un derecho a defenderse del terrorismo. Es necesario mantener el derecho y el deber de defender del terrorismo de ETA a las personas y a la sociedad, usando siempre de los medios legítimos conforme a la Ley moral», señaló Rouco.

Entre tanto, el párroco de El Buen Pastor de Vitoria, Esteban Martínez, esgrimía como justificación para ceder su iglesia a unos dirigentes de Batasuna para que acometan una huelga de hambre que «todas las personas tienen derecho a reivindicar lo que consideran» y porque «en cierto modo» estaba de acuerdo con lo que defienden los convocantes. En su opinión, se está llevando a cabo en estos momentos una «persecución» contra ciertos grupos de la izquierda abertzale, y puso como ejemplo la intención de ilegalizar Batasuna. «Yo comparto un poco de las reivindicaciones de ellos», manifestó. «Están reivindicando unos derechos que tienen y que creen que se les está negando». «No todo el mundo piensa que la ilegalización de Batasuna es buena, ni es correcta ni legal. Hay mucha gente que piensa lo contrario», añadió el párroco.

Un portavoz del Obispado dijo que la decisión era del párroco y que no había intención de darle instrucciones para que la revocara. Horas después, un comunicado oficial del propio Obispado agregaba que «no ha autorizado ni aprobado en modo alguno dicho encierro», al que definía como «protesta política», aunque no se planteaba revocar la decisión del párroco ni poner medidas para impedirla.